“¡No matarás!”


Siempre he sentido gran respeto por la figura de nuestro Rey, por el ingrato trabajo que realiza, los altos riesgos de su oficio y la escasa comprensión que sus desvelos despiertan en la opinión pública. Soy por ello de la opinión de que sólo un extraordinario espíritu de servicio al país, y la satisfacción de saberse útil, puede compensar a un monarca por los inconvenientes de serlo. Pero esa servidumbre tiene un límite.
El límite aparece, de pronto, cuando un rey de firmes convicciones cristianas, se ve constitucionalmente obligado a sancionar unas leyes que repugnan a su conciencia. Cuando constatamos que esto puede ocurrir, es decir, que cualquier ciudadano de a pie es dueño de su albedrío, pero el Rey no; el estupor que nos embarga nos lleva a considerar que ese oficio real no vale dos habas. Ningún español bien criado – no hablo de los que consiguen vivir de espaldas a su conciencia – aceptará votar o firmar algo contrario a sus principios. El Rey, sin embargo, no dispone de esa elemental libertad. ¿No es esto muy extraño?
Por otros pagos, los monarcas han podido ejercer esa libertad gracias a la colaboración de unos ejecutivos, respetuosos con el constitucional derecho a la libertad de credo, que les permitieron abdicar de forma temporal para no verse obligados a firmar unas leyes incompatibles con sus creencias religiosas. Tales fueron los casos protagonizados por Balduino de Bélgica, en 1990, cuando se negó a firmar una ley del aborto; y por Enrique de Luxemburgo, en 2008, ante una ley que despenalizaba la eutanasia.
Pero en España, el Rey – ¡que es el Jefe del Estado! – carece de ese derecho, porque la misma Constitución que lo consagra para todos los españoles sin distinción, priva al Rey de la posibilidad de ejercerlo al obligarle a sancionar cualquier ley que haya aprobado el Parlamento, incluso una ley asesina. Y esto nos lleva a la paradoja de que el único español que no puede obedecer a los dictados de su conciencia, ni actuar conforme a sus convicciones religiosas, ¡es Su Majestad el Rey! No hay, al parecer, solución alguna para este problema, por más que la Iglesia Católica haya encarecido a don Juan Carlos que no firme esa ley del aborto sobre la que tantos millones de españoles se han manifestado – y seguirán manifestándose – enérgicamente en contra.
Sólo nos quedará a los cristianos la opción de no cejar hasta ver tan desafortunada ley retirada, o derogada; que es lo que viene pidiendo a gritos un ejecutivo temporal empeñado en ignorar que la vida del ser humano es sagrada desde el mismo momento de su concepción. Cuantos nos confesamos cristianos, cualquiera que sea nuestra orientación política, estamos moralmente obligados a defender ese derecho a la vida que hoy vemos atacado. No estará de más recordar que allá por 1887, todo un presidente de la I República – don Nicolás Salmerón – decidió abandonar la política porque su conciencia – ¡y no era cristiano! – le impedía firmar unas penas de muerte. La ley que el señor Zapatero y sus ministras nos quieren ahora imponer equivale a la firma anticipada de cientos de millares de penas capitales.

© 2010  José Romagosa Gironella
“Puntos sobre las íes”
Publicado en La Tribuna de Ciudad Real, el día  1 de Marzo de 2010
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