En nuestra extensa familia, apellidada España, debido a que sus miembros nos dedicamos a diversas actividades con las que nos ganamos (o nos ganábamos) la vida, decidimos un día por mayoría nombrar un equipo de administradores de nuestro patrimonio y ahorros comunes. Mas ocurrió que, en lugar de gestionarlos con honradez y eficacia, es decir, tratando de incrementarlos, o de no mermarlos cuando menos, dispusieron de ellos a su antojo y los dilapidaron. Se comportaron como si en vez de administradores hubieran sido nombrados usufructuarios de la finca con plenos poderes para disponer, e incluso para subastarla. En más de una ocasión llegaron a comportarse como auténticos enemigos pagados, por ejemplo, cuando intentaron poner en peligro la unidad familiar. Cuando nos percatamos de lo que estaba ocurriendo, parte de la familia puso el grito en el cielo y propuso llamar a los administradores al orden, mientras que la otra (la que más había insistido en su nombramiento por ser amiguetes los elegidos y esperar favores de ellos) rechazaba las evidencias y se negaba a exigirles el inmediato cambio de conducta que se había vuelto imperativo. De otro lado, grande fue la sorpresa del sector más crítico de la familia al descubrir que en el contrato firmado con los interfectos no se había incluido cláusula resolutoria alguna, y que tampoco se habían contemplado circunstancias especiales que, por su gravedad, debieran haber exigido el refrendo familiar. Pasara lo que pasara, había que agotar su forzoso periodo de vigencia. Dicho en otras palabras, el contrato hacía posible que los desleales mandatarios suplantaran impunemente a sus mandantes, sin que éstos dispusieran de instrumentos para evitar la imparable descomposición de su histórico acerbo familiar. Las dos facciones del clan, enzarzadas ahora en vanas discusiones sobre si «son galgos, o son podencos», se veían incapaces de frenar aquel estado de cosas. «Tendremos que cambiar el modelo de contrato», – propuso un día una de las partes, pero pronto descubrieron que tal cambio sólo podría plantearse a la expiración del acuerdo que aún se hallaba en vigor, y únicamente si la otra parte aprobaba previamente los cambios.
Pero déjenme proseguir. Debido a la fatalidad de que el tiempo pasa volando – tempus fugit, leo en la esfera de mi reloj de pared – el contrato de marras llega ahora su fin. Y sucede que la facción familiar que apoyaba a los golfos protagonistas de esta historia, ya no ostenta la mayoría. Miren por donde, ahora es la antigua facción segundona la que, salvo «imprevistos», concurrirá con más votos a las próximas elecciones. No sabemos aún si se cambiará o no el viejo modelo de contrato, pero ya parece cantado que los usufructuarios de facto de mi familia dejarán de serlo y que la nueva y pujante fuerza familiar que los malos administradores han ido haciendo crecer de forma inusitada, logrará imponer un nuevo equipo que comporte, Dios lo quiera, un cambio radical de gestión.
Y, ¿dónde está la desfachatez a que alude el título de esta columna? – se preguntará el lector. Pues, está, precisamente, en el atrevimiento de unos malos administradores que, lejos de reconocer sus muchos y manifiestos errores, basan hoy su campaña en prevenir al respetable (¡qué bajeza!) sobre los que «se propone cometer» el probable equipo entrante.
© 2011 José Romagosa Gironella
“Puntos sobre la íes”
Publicado en La Tribuna de Ciudad Real, el día 3 de octubre de 2011
Puntos sobre las íes 